Definir qué se entiende por medio ambiente no está exento de dificultades ya que dicho concepto puede variar según las características sociales, económicas y naturales en que se desenvuelve una determinada colectividad. En general, se podría entender como “el conjunto, en un momento dado, de los aspectos físicos, químicos, biológicos, culturales y sociales del entorno, susceptibles de tener un efecto directo o indirecto, inmediato o a plazo, sobre los seres vivientes y las actividades humanas“.

De lo anterior se deduce que el medio ambiente hay que considerarlo al menos desde una doble perspectiva, la que se refiere al medio físico, y la que se centra especialmente en el medio social, término éste de características más amplias e incluso difíciles de determinar.

Así, parece evidente que pueden existir países o regiones con un medio ambiente físico no deteriorado, pero especialmente pobres en riqueza de bienes, incluidos los de sanidad y salud social. En este caso, parece lógico pensar en la posibilidad de admitir la introducción de cambios sociales para beneficio de la población a través de la industrialización y la creación de una economía de servicios. No cabe duda que esto comportará alteraciones en el medio físico, introduciendo cierta contaminación pero compensada con un mejor bienestar social. Por el contrario, otros países con un elevado nivel de riqueza pueden ser, desde el punto de vista del medio ambiente, verdaderamente pobres.

Será pues responsabilidad de los dirigentes de los países el encontrar un equilibrio entre las necesidades del hombre y la preservación del medio ambiente original, equilibrio que habrá de conjugar el progreso y la cadena ecológica entre el hombre y la naturaleza, el medio ambiente físico y el medio ambiente social. No hay que olvidar que la inteligencia humana ha hallado y hallará sistemas de reducción e incluso eliminación de esos efectos perniciosos. La historia corrobora esta afirmación.

Teniendo en cuenta que la naturaleza tiene su propia capacidad de autodepuración y reciclaje y que por tanto las emisiones o las inmisiones de productos contaminantes pueden variar de un lugar a otro afectando al bienestar de forma diferente, se podría definir la contaminación ambiental como “la alteración de las condiciones del medio ambiente por la presencia o ausencia de agentes físicos o químicos en grado tal que pueda resultar perjudicial para las personas, animales, plantas u objetos, y producir un deterioro en la calidad de vida“.

No hay que olvidar que la propia naturaleza genera situaciones de contaminación grave y así han estado, desde hace mucho tiempo, desarrollándose ecosistemas adaptados. Consideremos, por ejemplo, los incendios, huracanes, erupciones volcánicas, algunos cauces de río, como el del río Tinto en Huelva, el parque nacional Yellowstone, en California, el avance de las dunas de Doñana, etc.

El impacto ambiental afecta a multitud de factores. Por ejemplo, se puede hablar de impacto ambiental por ocupación de terreno cuando éste alcanza valores relativos significativos. En zonas de alta densidad poblacional el impacto ambiental de instalar un parque eólico es superior al de instalarlo en un desierto. A su vez cubrir una línea de montaña con generadores eólicos supone un coste paisajístico, valorable por la sociedad que lo decide.

También sería un impacto ambiental alterar un ecosistema para transformarlo en un cultivo intensivo de plantas destinadas a biocombustibles. Nuevamente, es la sociedad la que tiene que decidir de esta alteración de su habitat si ello supone extensiones muy significativas de terreno.

Al hablar de centrales termoeléctricas nos referimos especialmente a las que emplean carbón y fuelóleo como combustible, preocupándonos menos las que utilizan gas ya que su contaminación es menor.

Desde un planteamiento amplio, habrá que considerar en primer lugar la contaminación que se crea en la obtención del combustible en su proceso de minería y extracción y, en segundo lugar, en los efectos ambientales producidos al quemar éste en la propia central.

En la producción de electricidad, los combustibles mencionados emiten en su combustión una serie de productos contaminantes.

Para evitar la contaminación local o próxima, las centrales termoeléctricas suelen disponer de chimeneas de considerable altura, lo cual hace que la contaminación química que producen se diluya mucho pero se transporte a largas distancias, afectando frecuentemente a otras zonas e incluso a otros países, lo que más adelante comentaremos al considerar la denominada contaminación transfronteriza. Para eliminar las partículas sólidas, las centrales termoeléctricas utilizan instalaciones de separación de polvo, rebajando su evacuación exterior. En la actualidad se han diseñado otros sistemas para la reducción mayor de estas emisiones y de las de CO2, tanto en cantidad como en su almacenamiento en zonas geológicas adecuadas.

Los óxidos de azufre y de nitrógeno que emiten las centrales termoeléctricas, al combinarse con el agua de las nubes, se precipitan en forma de lluvia ácida, pudiendo arruinar los bosques, eliminar la vida de los lagos y desertizar grandes superficies terrestres.

Diversas organizaciones Internacionales que se preocupan por el medio ambiente, y en especial el PNUMA, la CEPE, la OCDE y la OMM, coinciden cada vez más en señalar la necesidad de aplicar en la fuente de consumo de los combustibles fósiles estrictas medidas de control ambiental, así como establecer una coordinación internacional para evitar que a través del transporte atmosférico tenga lugar la denominada contaminación transfronteriza.

España ratificó en 1997 el Protocolo de Azufre correspondiente al programa del Convenio de Ginebra sobre Contaminación Atmosférica Transfronteriza.

En un futuro, cada vez más inmediato, se quemarán únicamente combustibles fósiles de muy baja acidez. Para los fuelóleos, se pretende que su contenido de azufre no supere el 1% en peso, si bien se podría permitir niveles mas elevados en aquellas zonas en que fuesen respetados los valores de calidad del aire ambiental, y la contaminación transfronteriza no hubiese alcanzado valores significativos.

La atmósfera permite que parte de la radiación solar llegue a la Tierra. Ésta refleja hacia el espacio parte de la energía que llega, pero la atmósfera absorbe parte de ésta, alcanzando una temperatura de equilibrio de unos 15 ºC.

Se entiende por efecto invernadero el cambio climático provocado por un aumento de la temperatura ambiental a consecuencia de una mayor concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera que aumenta la proporción de energía absorbida.

Como puede verse en la figura anterior, cuanto mayor sea la concentración de CO2 en la atmósfera, mayor será D en relación a C, con lo que la temperatura de la Tierra aumenta para reestablecer el equilibrio. La intensa utilización de los combustibles fósiles es posiblemente la principal causa del efecto invernadero.

Aunque hace más de una década que la alarma por el cambio climático ha sido denunciada con frecuencia ante la opinión pública, la preocupación “oficial“ no se inicia hasta la celebración en 1992 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el clima. Desde entonces, entre los acontecimientos y toma de medidas al respecto, cabe destacar la firma, en 1997, del llamado Protocolo de Kioto, siendo el primero de la Convención Marco del Cambio Climático que se firmó en Río de Janeiro. En la
cumbre de Kioto se alcanzó un acuerdo destinado a limitar las emisiones de seis gases de “efecto invernadero“ en los países industrializados para el período 2008-2012, tomando como referencia para tres de ellos (CO2, N2O, CH4) las emisiones de 1990, y para el resto, principalmente de origen industrial (HFC, PFC y SF6), el año 1995.

En el Congreso Mundial de la Energía (Houston 1998) ya se puso de manifiesto la necesidad de tomar de forma inmediata medidas de cautela para mitigar la eventualidad del cambio climático, recomendando una actitud de “mínimo riesgo“ hasta que se pudiera establecer definitivamente una relación causa-efecto. En este sentido, dicho Congreso fue claro al afirmar que, mientras tanto, la energía nuclear, que no emite CO2, debería jugar un papel primordial en la producción eléctrica y en las estrategias para combatir el calentamiento del planeta. Téngase en cuenta que, de acuerdo con los datos disponibles de la cumbre de Kioto, en 1990 las emisiones de CO2 de origen energético supusieron un 67,5% del total de emisiones de CO2 equivalentes. Posteriormente se han celebrado sucesivos Congresos en los que se ha confirmado la incorporación creciente de países a este acuerdo. Hay que destacar que últimamente la amenaza del cambio climático ha ocasionado en la opinión pública una considerable alarma social.

En la actualidad, año 2006, este documento plantea que las emisiones de gases del efecto invernadero antes de 2012 sean en volumen un 5,2% inferiores al valor de 1990. Hay una asignación de compromisos de emisiones que afectan a los países industrializados y que se aplican al sector energético e industrial pero no al del transporte, que supone el 33% de las emisiones, ni a sectores domésticos e industriales de pequeño tamaño. Los países en desarrollo no están obligados por el acuerdo
(anexo 1) y Estados Unidos, 25% de las emisiones, no lo ha firmado. No hay acuerdos de promoción directa de la I+D para remediar este problema pero se incentivan proyectos limpios en la emisión de gases.

Este acuerdo es, por tanto, una necesaria carta de concienciación política antes que una herramienta real para hacer frente al cambio climático, pues la generación de gases va a seguir incrementándose aunque de una forma más controlada en los países industrializados que hoy son responsables del 60% de éstos. Es así que en datos de la agencia de información norteamericana, Energy Information Administration, se señala que incluso con el cumplimiento de lo firmado, las emisiones esperadas para el período 1990 y 2025 duplicarán el valor inicial fijado, pasando de 5.872 MtCO2 a 10.361 MtCO2.

A raíz de este acuerdo ha surgido un comercio de derechos de emisión que terminará de entrar en vigor en 2008 y que penaliza las fuentes de generación de gases contaminantes y en consecuencia la utilización de los combustibles fósiles (alrededor de 10€ a 20€/tCO2, como cifra inicial de referencia). Se han creado dos procedimientos de compensación de emisiones mediante la promoción de nuevas inversiones en tecnologías limpias ya sea en los propios países como en países en desarrollo. El protocolo firmado desechó, por el momento, incluir entre éstas a la nuclear. Son los denominados“mecanismos de desarrollo limpio“ y los de “aplicación conjunta“.

En la actualidad, la energía nuclear ahorra la emisión anual de 2.160 Mt CO2 que corresponde a la generación eléctrica de 2.700 TWh del parque nuclear mundial en 2004. Para este cálculo se ha supuesto que habría sido generado con el actual “mix“ energético térmico de la UE-25 (54% carbón, 33% gas, 11% petróleo). Este ahorro equivale al obtenido por la producción hidráulica según se indica en datos del OIEA y supone el 17% de las emisiones anuales de los países de la OCDE o el 67% de las emisiones de los países de la anterior UE-15.

El Protocolo de Kioto ya ha sido ratificado por 129 países que superan el 55% de países existentes y cuyas emisiones suman más del 55% de emisiones. Está ratificado y en vigor en España. El coste para nuestro país por el exceso de generación de esos gases está estimado para el período 2008-2012 en 2.300 a 3.000 millones de euros, con una desviación final que se espera sea superior.

En toda central térmica (de carbón, fuelóleo, gas o nuclear) hay una parte de la energía que, de acuerdo con la termodinámica, no se transforma en electricidad sino que se elimina en forma de calor residual. Este calor residual, si no se aprovecha de otro modo, se disipa en el agua de refrigeración del condensador. Cuando esta agua vuelve a su cauce original (río, lago o mar) puede producir un incremento térmico de este sumidero. Dependiendo de las circunstancias esta alteración puede tener
efectos beneficiosos, indiferentes o perjudiciales, según los casos. Fuera de las ocasiones en que el aumento de temperatura sea deseable, la reglamentación prohíbe que dicho aumento exceda de una cierta cantidad, por debajo de la cual no hay alteración ecológica. Esta limitación del aumento de temperatura del agua se consigue diluyendo el agua del condensador con suficiente líquido del sumidero último o recurriendo al uso de torres de refrigeración.

Existen experiencias de aprovechamiento del calor residual de las centrales con fines útiles en piscifactorías o invernaderos, con lo que además de evitarse el perjuicio ecológico, se aprovecha la energía residual de la central. Sirve de ejemplo anecdótico, a este respecto, la granja de cocodrilos en el Ródano que aprovecha las aguas de refrigeración del grupo nuclear de Tricastin.

Mientras las centrales térmicas convencionales queman combustibles fósiles para la producción de electricidad, una central nuclear obtiene su energía de la fisión del átomo de uranio. Esto significa que una central de este tipo no envía a la atmósfera óxidos de carbono, de azufre, de nitrógeno, ni otros productos de combustión, tales como las cenizas.

Desde el punto de vista de la protección del medio ambiente, las centrales nucleares siempre han estado sujetas a un estricto control reglamentario institucional difícil de igualar por otras actividades industriales. Dicho marco reglamentario contempla todas y cada una de las fases que componen el ciclo de producción, así como la protección de los trabajadores de la central y del público en general y el desmantelamiento de la central al final de su vida útil.

Las centrales nucleares generan emisiones de efluentes radiactivos en cantidades limitadas de acuerdo con esa regulación. Estas emisiones quedan registradas continuamente y son objeto de continuo seguimiento mediante un extenso programa de análisis realizado por entidades independientes y por la administración. Los valores de esos efluentes medidos en términos de actividad radiológica y de dosis son mil veces inferiores a lo permitido.

La minería del carbón presenta una incidencia ambiental que puede variar según sea a cielo abierto o a través de pozos. Ambas modalidades tienen un problema en común que es el de las escombreras, cuyo control ambiental, construcción de depósitos estables y cubrimientos de éstos para evitar su disgregación, implica un aumento significativo de los costos de explotación. Cuando la minería del carbón se realiza a través de pozos, de todos es conocida la peligrosidad y el riesgo que para la vida y salud de los mineros representa esta modalidad, y bien merece recordarse que la vida humana es, desde el punto de vista del medio ambiente, el bien superior.

Si nos referimos al petróleo, tanto la extracción y el transporte, como el proceso de refinado tienen sus efectos negativos sobre el medio ambiente y, en especial, las conocidas mareas negras con los grandes daños ecológicos que ocasionan.

La extracción de uranio no presenta, en principio, unas características ambientales muy diferentes respecto a otras minerías metálicas. Por lo que se refiere a la radiactividad, ésta no se encuentra a niveles muy superiores a los existentes en numerosas zonas naturales. En realidad, mediante la minería y el tratamiento de los minerales se recupera el elemento radiactivo haciendo que las escombreras ofrezcan escasos niveles de radiactividad. No obstante, los residuos que se producen para la formación de la llamada “torta amarilla“ tienen que ser protegidos para evitar las emanaciones que se producen de gas radón.

Dado que para producir energía eléctrica una central hidráulica aprovecha el desnivel existente en un tramo de río, un primer efecto sobre el medio ambiente es la transformación de un sistema fluvial en otro lacustre.

En el caso de grandes embalses existen también modificaciones microclimáticas de la zona que pueden variar positiva o negativamente la habitabilidad del lugar.

La energía hidráulica, considerada como una de las que menor perturbación ocasiona a su entorno, también tiene sus efectos sobre el medio ambiente y en especial sobre las poblaciones.

La ubicación de una central hidroeléctrica tiene sus consecuencias ecológicas; así, entre otras, se alteran la flora y la fauna, el clima local, y se producen posibles actividades microsísmicas, aumento de bacterias y algas, olores y sabores desagradables, modificaciones en las concentraciones de oxígeno y también la posibilidad de cambios ecológicos en el propio embalse y río abajo. No obstante, el cambio que se puede ocasionar no tiene por qué ser negativo, todo dependerá de los estudios ecológicos previos y de la importancia que se quiera dar a unos u otros objetivos ambientales.

La construcción de la central, debido a las grandes necesidades de espacio que necesita, lleva consigo, en numerosas ocasiones, sobre todo cuando las posibilidades hidráulicas de un país están muy explotadas, al desplazamiento de poblaciones a otros lugares. En la actualidad, y en España, éste es uno de los grandes problemas ecológicos que las centrales hidráulicas traen consigo.

Bajo esta denominación se entiende la contaminación que sufre todo o parte del territorio de un país a consecuencia de la llegada a él de productos contaminantes generados en otro y que se transmiten a través de la atmósfera por una acción combinada de los vientos o por las corrientes en el agua.

En lo que se refiere a las emisiones radiactivas de origen diverso (centrales nucleares, usos industriales, aplicaciones médicas, etc.), existe un acuerdo en el seno del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), por el cual, en caso de accidente, se debe notificar urgentemente a éste, al objeto de poner en práctica inmediata un plan de seguimiento y buscar las soluciones para que los efectos sean tan bajos como sea posible.

En el ámbito de las Naciones Unidas y dentro de la Comisión Económica para Europea (CEPE), se firmó en 1979 el Convenio de Ginebra sobre Contaminación Atmosférica Transfronteriza. De este Convenio, ratificado por España en 1983, han surgido varios programas y protocolos (SO2, NOX), llegándose a firmar mas recientemente, en 1994, el Protocolo de Azufre que fue ratificado por nuestro país en agosto de 1997.

España, como miembro de la Unión Europea, está obligada a adoptar y cumplir las medidas que la Comisión establezca.

Uno de los problemas ambientales que más preocupa a la Unión Europea (UE) es el que se refiere a la contaminación atmosférica en general y de las lluvias ácidas en particular. Por ello y ante dicha preocupación asumió de forma conjunta para los quince Estados Miembros y dentro del Protocolo de Kioto, el compromiso de reducir en un 8% el conjunto de los seis gases de “efecto invernadero“ (ver también la pregunta 131). En marzo de 1997 se llegó a un acuerdo de repartición de cargas entre los quince Estados Miembros para tres gases (CO2, CH4, N2O). Dicho reparto se formalizó en el Consejo de Ministros de 1998, estableciéndose de forma vinculante entre todos los Estados Miembros (Burden Sharing).

Si nos referimos a la situación por habitante en la perspectiva del año 2010 y para el conjunto de los seis gases considerados y de acuerdo con el actual reparto de cargas, España se situaría en una situación media dentro del conjunto de los países de la UE.

A lo anterior hay que añadir también una serie de Directivas tales como la de limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustible, en donde las centrales térmicas y refinerías son las instalaciones más afectadas, debiendo limitar sus emisiones a partir del año 2007.

Otras Directivas recientes de la UE se refieren a la eliminación para finales del 2010 de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT), con especial incidencia sobre los transformadores y condensadores eléctricos que contengan o hayan contenido estos productos. También se han fijado valores límite y umbrales de alerta o de actuación para el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxido nítrico, partículas y plomo.

Finalmente referirnos a la propuesta de Directiva sobre la fiscalidad a los productos energéticos, elevando el tipo mínimo del impuesto especial que soportan los carburantes y combustibles petrolíferos y ampliando su campo de acción al carbón, la electricidad y el gas.